La CNMC continúa reclamando una modificación de las normas de defensa de la competencia para incrementar la cuantía de las multas a directivos e incluir el procedimiento de settlement.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, compareció el pasado 19 de septiembre ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para, como cada año, dar cuenta de la actividad de la institución en el último ejercicio e informar sobre los proyectos que tiene la CNMC en los próximos meses.
En el ámbito de la aplicación de las normas de competencia, la presidenta de la CNMC comenzó haciendo un repaso por los principales hitos de la CNMC en este último año, entre los que destacó las investigaciones realizadas a algunas grandes plataformas de intermediación en línea (vid. expediente S/0005/21: BOOKING). Además, la presidenta de la CNMC volvió a reclamar, como ha hecho en años anteriores, una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En concreto, solicitó, una vez más, la introducción de la posibilidad de terminar los procedimientos sancionadores con acuerdos transaccionales o "settlements" y el incremento de la cuantía de las multas a los directivos, que actualmente es de un máximo de €60.000, para que sean "verdaderamente disuasorias". Aunque no mencionó una cuantía concreta del importe al que deberían ascender estas sanciones, cabe recordar que en el Anteproyecto de Ley de Modificación de la LDC publicado en julio de 2020, se proponía incrementar dicha cuantía a €400.000. Esta modificación, sin embargo, finalmente no se incluyó en la reforma de la LDC que transpuso la Directiva ECN+ a nuestro ordenamiento jurídico.
La presidenta de la CNMC anunció, también, que la actividad de la CNMC en el ámbito de la aplicación de las normas de defensa de la competencia va a seguir muy centrada en la contratación pública y la investigación de conductas de manipulación de licitaciones públicas o bid rigging con la ayuda de las distintas herramientas de inteligencia artificial y machine learning desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Económica, que ha sido un instrumento clave de la CNMC en la investigación de este tipo de conductas. Además, la CNMC continuará apostando por imponer a los sujetos infractores, además de sanciones, prohibiciones de contratar con la Administración. En este sentido, la presidenta de la CNMC confirmó que posiblemente a principios de 2025, la CNMC empezará a fijar el alcance y duración de las prohibiciones de contratar directamente en las resoluciones sancionadoras. Recordemos que, hasta ahora, la CNMC se ha limitado a incluir en sus resoluciones la declaración de la prohibición de contratar con la Administración, y a remitir la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública para que se encargue de fijar el alcance y duración de dichas prohibiciones.
La presidenta de la CNMC reclamó, igualmente, la realización de manera urgente de las modificaciones normativas que resulten necesarias para que la CNMC pueda cumplir sus funciones como Coordinador de Servicios Digitales de España, cargo para el que fue designada el pasado mes de enero, y que sitúa a este organismo como entidad encargada de la supervisión y la aplicación en España del Reglamento europeo de Servicios Digitales, -conocido como Digital Services Act (DSA)-, que es la norma europea que regula la responsabilidad y obligaciones de los intermediarios digitales y plataformas en línea (como redes sociales, marketplaces, motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones y plataformas de alojamiento en línea).
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